Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes
españolas a raíz de la presentación del presidente Rajoy de las
medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español,
Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el
Estado no tenía más dinero”, punto acentuado por el propio Rajoy
cuando subrayó que el nivel de deuda pública en España había
alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas
excepcionales, considerando la bajada del déficit como la
prioridad número uno de su gobierno. El presidente indicó
también que tal bajada del déficit público era la condición
indispensable para salir de la crisis, pues sólo con esta bajada
se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España
podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más
bajos.
Es sorprendente que la administración Rajoy continúe
repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la
evidencia) cuando todos los datos acumulados muestran lo
erróneos que son los supuestos sobre los que se basa.
Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar,
una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos
–España, Grecia, Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados
pobres (su gasto público, incluyendo el gasto público social por
habitante, es de los más bajos de la Eurozona), con escasos
ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona), poco
redistributivos (entre los menos redistributivos de la
Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente regresiva (de
los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos estos
países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un
contexto político semejante. Durante su reciente historia (los
últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una
enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por
muchas décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste
con los países escandinavos (que tienen los Estados más
desarrollados, con mayores políticas redistributivas y políticas
fiscales más progresivas en la UE) se basa en que en aquellos
países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su
vida política, al revés que en los países intervenidos.
Se podría argumentar que España, como también aquellos
países, tiene un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los
datos no confirman esta situación. El PIB per cápita es el 94%
del promedio de la UE-15, y en cambio, el gasto público es sólo
un 72% del promedio de la UE-15. En realidad, si fuera un 94%,
España se gastaría 66.000 millones más en su sector público y en
su subfinanciado Estado del bienestar (tanto en sus
transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los
gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es
que el Estado no los recoge. Y ahí está el punto clave que no se
cita. La regresividad de la política fiscal que España tiene en
común con todos los países intervenidos. Han tenido que pedir
prestado dinero porque el Estado no recoge el suficiente.
Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza
(estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó
más y más los impuestos, bajada que favoreció particularmente a
las rentas superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de
la propiedad de capital. Esta bajada de impuestos determinó
–según ha indicado el Fondo Monetario Internacional– nada menos
que la mitad del déficit estructural del Estado, déficit que
permaneció oculto durante la expansión económica por el elevado
crecimiento de ingresos al Estado, apareciendo, sin embargo, en
toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el
Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde
los súper ricos depositan los ingresos que habían adquirido como
consecuencia de la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar
intereses para conseguir el dinero, que podría haberse obtenido,
si no hubieran bajado los impuestos.
Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los
debates. Fue una lástima que ninguno de los que participaron en
el debate en las Cortes españolas hiciese las siguientes
preguntas al presidente Rajoy: ¿Por qué el Estado español
decidió congelar las pensiones a fin de conseguir 1.200 millones
de euros, en lugar de revertir la bajada del impuesto de
sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de
ingresos ( 2.552 millones). O, ¿por qué en lugar de recortar
nada menos que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó
la reducción del Impuesto de Sociedades a las empresas que
facturan más de 150 millones de euros al año, lo que significa
menos del 0,12% de todas las empresas, con lo cual hubieran
obtenido más de 5.600 millones de euros? O, ¿por qué quiere
ahora establecer el copago sanitario en lugar de aumentar los
impuestos de los fondos SICAV y las ganancias especulativas? O,
¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de recesión,
que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el
impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un
millón de euros al año, con lo cual ingresaría 14.000 millones
de euros más? O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en
los servicios públicos en lugar de establecer un impuesto a las
transacciones financieras, con lo cual, tal como ha señalado el
sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se
conseguirían 5.000 millones de euros? O, ¿por qué en lugar de
forzar reducciones de los Estados del bienestar gestionados por
las CCAA no reduce la economía sumergida diez puntos, con lo
cual aumentaría 38.500 millones de euros?
Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se
hicieron. Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado
en evidencia, mostrando, que en contra de lo que dice, sí que
hay alternativas y sí que hay dinero.
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